Contexto legislativo

         En nuestro país la igualdad entre sexos se refleja en la legislación vigente en diferentes documentos. En la Constitución de 1978, sus artículos 14 y 9.2 prohíben cualquier tipo de discriminación por razón de sexo y establecen la obligación que corresponde a los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad de las personas sea real y efectiva. En este sentido, la Comunidad Europea identifica la igualdad entre hombres y mujeres como principio fundamental de la Unión. Finalmente, el Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que se promoverán las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales desde la toma de consciencia de las diferencias culturales como desde la promoción de la plena incorporación de las mujeres a la vida social.

Hoy en día y desde hace ya algunos años se concibe la igualdad como una prioridad, con sucesivas actuaciones para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. Dichas actuaciones se han vertebrado a través de los Planes para la Igualdad que demuestran la conveniencia de continuar avanzado para impulsar y consolidar valores favorables. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género supone un nuevo impulso en este sentido y queda socialmente patente la necesidad de diseñar nuevas estrategias educativas que permiten hacer realidad el principio de igualdad entre los sexos. En este contexto, el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación constituye el marco global de intervención en el contexto escolar para posibilitar la consolidación del principio democrático de la igualdad entre hombres y mujeres. A su vez, pretende diseñar y coordinar actuaciones que favorezcan el conocimiento de las diferencias estableciendo las condiciones escolares que permiten corregir las discriminaciones y estereotipos sexistas, incidiendo especialmente en la formación del alumnado en autonomía personal como base para fomentar el cambio y en la corrección de desequilibrios entre el profesorado en actividades de responsabilidades escolares. Este plan implica necesariamente a toda la comunidad educativa. Para ello, la Orden de 15 Mayo de 2006, se encarga de regular y desarrollar diferentes actuaciones y medidas conforme a lo establecido en dicho Plan.